España arde, mientras aún arde la polémica creada por el Partido Popular tras la innecesaria e inexplicable revocación de la antigua y efectiva Ley de Montes (Ley 43/2003), que provocó que asociaciones ecologistas, sindicatos, agentes forestales y colegios profesionales de biólogos e ingenieros forestales, pusieran el grito en el cielo.
La función de la Ley de Montes (que existe desde hace 20 años) era impedir la recalificación de terrenos incendiados antes de 30 años, en un intento de imposibilitar sacar provecho de un incendio forestal, a sus responsables.
La reforma, no solo permite “por razones de interés general” la vuelta a disponer de los terrenos quemados, sino que “casualmente” incluyó “la retirada de las atribuciones que tienen los más de 6.400 agentes forestales para vigilar, investigar y llevar a los tribunales los delitos ambientales” perdiendo oficialmente su categoría de Agentes de la autoridad.
Cabe recordar que la función de los Agentes Forestales consiste en “luchar contra los incendios, construcciones ilegales, envenenamiento de especies, caza furtiva, maltrato animal, expolio arqueológico, cierre de caminos públicos y vías pecuarias, vertidos, vallados ilegales, etc”.
Miguel Ángel Hernández, responsable de biodiversidad de Ecologistas en Acción, reclamó que la segunda parte de la reforma “es clarísimamente un castigo contra los agentes forestales y medioambientales, porque son los que han denunciado muchos delitos graves en grandes fincas de terratenientes«.
Por su parte Theo Oberhuber, coordinador de la misma, denunció que “la experiencia nos indica que las administraciones ya están justificando ese interés para hacer urbanizaciones o complejos de ocio en zonas protegidas” y que la inclusión de medidas limitadoras y coercitivas de la actividad de los agentes forestales “es un ataque a su trabajo, ya que molestan porque tocan a los amigos del Gobierno”
Se elimina nuestra condición de funcionarios. Se nos humilla y se nos degrada. Esto no estaba especificado en el borrador de la ley que se publicó hace meses. Además, son modificaciones que se han introducido sin exposición pública y además se nos priva del derecho a presentar alegaciones Luis Díaz, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales
Pero quizá lo mas grave es que fue precisamente gracias a la libertad de investigación de los Agentes Forestales y Medioambientales, antes de la polémica reforma, que se destaparon casos que la Administración “pasó por alto”, como la construcción ilegal de un lujoso chalet en el Parque Nacional protegido de Cabañeros por parte del empresario Alejandro Aznar y la presidenta del círculo de empresarios, Mónica Oriol (sobrina de un ministro del dictador Franco), quienes además se construyeron dos campos de polo en otra finca situada en un espacio protegido del Parque Regional del río Guadarrama.
A los Agentes Forestales también les debemos denuncias como la que hizo posible el cierre de una vía pecuaria en la que estaba implicado el hermano de Esperanza Aguirre en El Escorial.
También cabe destacar que la modificación de la Ley de Montes, impide a los Agentes Forestales (quienes no tienen jerarquía) denunciar delitos ambientales o penales; por lo que la única vía de denuncia cae en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que cuenta con cinco veces menos efectivos y “dependen del permiso de sus superiores para denunciar un delito, por lo que en muchos casos las denuncias se paralizan antes de que salgan a la luz con una llamada de teléfono”, señala Díaz. Situación que el naturalista Joaquín Araújo definió como “una ley de vuelta al pasado, que representa una semimilitarización del campo bajo los cuerpos armados del Estado y un retroceso al primer franquismo”
Pero la cosa no termina ahí sino que además, tal y como ya advirtieron en su día los Agentes Forestales, esta Ley supuso el primer paso para la privatización de la seguridad del campo y la introducción de guardas de empresas privadas, como ya ha ocurrido en ministerios y lugares públicos y como, así se puede comprobar, ya que por ejemplo, al frente de estas empresas de seguridad privada, se encuentran los hermanos Mayor Oreja (Partido Popular), e incluso el nombrado ministro de Defensa por el Partido Popular, Pedro Morenés, quien presidió una empresa de seguridad privada a la que dio contratos públicos desde su ministerio.
El mismo ministro, por cierto, que (entre otros casos) salió indemne tras levantarse una polémica paralela, en la que el ministerio de Defensa ocultó compras por casi 30 millones de euros a una empresa relacionada con él mismo, y donde toda información y documentación ha sido y sigue siendo denegada a la oposición del congreso de los diputados y a los medios de comunicación, burlando así los mecanismos de la ya inservible Ley de Transparencia.
El presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales, Luis Díaz, concluyó que la Ley de Montes del PP, les retiró deliberadamente sus funciones como agentes de la autoridad en delitos ambientales porque “en los últimos años hemos denunciado a poderosos y a grandes empresas, como eléctricas o bodegas. Y a propietarios de grandes fincas, algunas de familiares de políticos…” y porque “lo que quieren es que nos dediquemos a perseguir al ciudadano de a pie… pero los delitos verdaderamente graves de ricos y terratenientes, no los llevemos a los tribunales. Es una ley hecha a medida”
Tras el “incendio social” levantado por la descarada evidencia de la dudosamente «necesaria actualización de la Ley», el Partido Popular se vio obligado a presentar una enmienda por la que se reintegra la definición vigente de Agente Forestal. Medida que no ha aliviado la situación, ya que tal y como afirma el presidente de los forestales… ahora no disponemos de medios.
“El PP ha trabajado rápido estos cuatro años. En materia medioambiental, Miguel Arias Cañete y ahora la ministra Isabel García Tejerina, han sido capaces de cargarse toda una legislación ambiental protectora con más de 20 años de trayectoria por una serie de leyes des reguladoras que eliminan las trabas ambientales»
«La Ley de Costas, la Ley de Parques Naturales, ahora la Ley de Montes y todavía falta otra antes de que acabe la legislatura, la Ley de Patrimonio Natural«
«No es un accidente, es la línea de este Gobierno de desregularizar y privatizar” afirmó Theo Oberhuber.
Por ultimo, aseguran las asociaciones ecologistas; la reforma ya consumada para facilitar la re calificación de los territorios quemados y que ha seguido adelante pese a la oposición ciudadana, ha “levantado la veda” y ya coincide con un aumento espectacular de los incendios (provocados) por todo el país. Pues convierte los terrenos de valor ecológico quemados, nuevamente, en el objetivo de la especulación urbanística de políticos sin escrúpulos y de sus allegados.
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